En conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes, la regidora de Movimiento Ciudadano Martha del Toro anunció que un juez federal concedió la suspensión provisional del proyecto “Bahía del Bienestar”, que pretendía urbanizar el espacio correspondiente a la Unidad Deportiva Infantil Los Altos, ubicada en la zona norte de Santiago, en Manzanillo.
Del Toro explicó que el Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo aprobó de manera irregular la entrega de un predio de 2.2 hectáreas ampliado posteriormente a 3.8 para cambiar su uso de suelo, dejando de ser un espacio deportivo y área verde, con el objetivo de convertirlo en un fraccionamiento habitacional, parte del programa nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Todo esto se realizó de manera ilegal e improcedente. Ha generado una gran inconformidad social no solo entre los vecinos del Fraccionamiento Los Altos, sino en toda la población de la zona norte, una de las de mayor crecimiento del municipio”, señaló la regidora.
A raíz de esta decisión, vecinos y vecinas conformaron un movimiento de resistencia civil pacífica, respaldado por Del Toro desde el Cabildo. Además, se emprendió una defensa legal a través de un litigio estratégico que derivó en la admisión de una demanda de amparo y la concesión de la suspensión provisional del cambio de uso de suelo.
Los actos del Ayuntamiento están detenidos legalmente
El maestro Cristian Correa Castañeda, abogado constitucionalista y representante legal del movimiento, explicó que el juez determinó que los actos para transformar el uso del predio son contrarios al marco legal:
“Los espacios verdes no pueden cambiar de uso. Así lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y también la legislación federal. Además, desde 2011, el sistema jurídico mexicano reconoce el principio de progresividad en derechos humanos: no se puede retroceder en los derechos ya adquiridos por la ciudadanía, como lo es el acceso a espacios públicos y deportivos”.
El abogado explicó que el predio debe conservarse como espacio verde, y que cualquier intento por urbanizarlo constituye una violación al derecho al medio ambiente, al esparcimiento y al desarrollo social de la comunidad.
“Desde el 15 de julio, fecha en que se otorgó la suspensión provisional, todas las autoridades municipales, estatales y federales están impedidas legalmente para realizar cualquier intervención en el predio con fines habitacionales”, subrayó.
Una defensa ciudadana legítima y encabezada por mujeres
Durante la conferencia, Claudia Pizano, integrante del comité vecinal que ha defendido el parque desde febrero de este año, compartió el esfuerzo ciudadano detrás del movimiento:
“Ha sido una resistencia pacífica desde el derecho a cuidar, proteger y generar espacios para nuestras infancias y familias. No somos acarreadas, como intentaron descalificarnos; somos mujeres organizadas que defienden su comunidad”.
Pizano detalló que la unidad deportiva comenzó su construcción en 2016 con participación ciudadana y de la iniciativa privada, aunque nunca fue concluida totalmente. Hasta ahora, el avance es de aproximadamente 60%, y desde febrero de 2025 se han realizado modificaciones que afectan ya el 50% del predio, lo cual alertó a la comunidad.
“Ninguno de los fraccionamientos de la zona norte cuenta con una unidad deportiva. Esta área es la única opción para más de 6,000 personas. El municipio ha tenido un desarrollo urbano desordenado, sin considerar espacios públicos para el bienestar de la población”.
A pesar de haber entregado oficios a diversas instancias de gobierno el pasado 2 de marzo, los vecinos no han recibido respuesta oficial y se les ha negado el acceso a las sesiones de Cabildo, por lo que la vía legal se convirtió en su única alternativa efectiva para la defensa del espacio.