Nadie se ha vuelto pobre
por ser generoso.
Anna Frank.
Por Manuel Olvera Sánchez
Nuestro país, hoy distribuye su riqueza entre los estados y municipios, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual se establecen los criterios a través de los cuales se harán llegar aquellos fondos, los cuales deberán servir para atender las demandas de la sociedad y que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de crear condiciones de vida digna para toda la sociedad mexicana.
En México existieron muchos esquemas a través de las cuales se pretendía hacer llegar recursos económicos a los estados y a los municipios, sin embargo, dichas formas de hacer la distribución de la riqueza, en muchas de las ocasiones representaban contradictoriedad, ya que existían estados y municipios en las cuales no les correspondían los recursos entregados por la Federación conforme a lo que ellos generaban de riqueza para el país, por lo tanto, lo anterior derivaba en oportunidades de desarrollo inequitativas para la población en cada estado y municipios del país.
Fue en el año de 1926, cuando se crea la primera Convención Nacional Fiscal, en dicha convención, los funcionarios dependientes de la Secretaría de Hacienda representando al gobierno federal y aquellos funcionarios de los gobiernos estatales se reunieron con la finalidad de presentar posibles soluciones, a aquellos problemas que les aquejaba debido a la distribución inequitativa de los recursos, y fue precisamente en este año que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo el primer proyecto de reformas constitucionales, a través de la cuales se establecía un esquema distinto de repartición de los recursos a las entidades federativas.
Ya en el año de 1947 se lleva a cabo la tercer Convención Nacional Fiscal, en dicha convención por primera vez se logran acuerdos y resultados favorables respecto a incluir a los municipios dentro de la distribución de los recursos, incluso llegándose a estipular fechas para poder llevar a cabo el pago oportuno de las participaciones.
Fue hasta el año de 1978 cuando se crea la actual Ley de Coordinación Fiscal Federal, en esta ley se establecen aquellas participaciones que corresponden a las haciendas públicas de los Estados, Municipios y el gobierno de la Ciudad de México respecto a los ingresos federales, así como fijar aquellas reglas de colaboración administrativa entre los tres niveles de gobierno.
Dentro de las múltiples contribuciones contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal, se encuentra aquel espíritu de competitividad económica entre las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de que aquellas instituciones se preocupen por ingresar a sus arcas la mayor cantidad de recursos y sean beneficiarios de incentivos fiscales, es decir, aquel que mayor recauda será premiado con la asignación de recursos, por mencionar sólo una de aquellas ventajas.
Derivado de todo lo anterior, hoy podemos decir que en nuestro país existe un sistema de repartición de la riqueza en la cual la distribución de los recursos se encuentra centralizado, y éste, a su vez lo hace llegar a las entidades federativas a través de transferencias mismas que representan el 85% de sus ingresos, y el restante son recursos propios que genera cada entidad.
Respecto a la anterior hemos visto al senador del Partido Verde Ecologista de México Virgilio Mendoza Amezcua como un fuerte impulsor respecto a modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en el artículo 2 pretendiendo que con estas reformas, el estado de Colima y el municipio de Manzanillo tengan una mayor cantidad de recursos, ya que la actividad aduanera le genera una cantidad muy importante a la Federación y dicho recursos no son regresados de manera equitativa, ya que por la misma actividad portuaria muchas de las vialidades del puerto sufren daños con las consecuencias que esto deriva para la sociedad manzanillense.
El senador Virgilio Mendoza Amezcua no es un improvisado en este tipo de asuntos, ya que conoce a cabalidad la problemática existente en el municipio de Manzanillo, tanto en la zona portuaria como en la zona urbana, por lo tanto es válida y justa su propuesta, ya que con estos recursos extraordinarios que llegaran a ingresar a las arcas municipales del puerto se estaría en condiciones de generar infraestructura vial, para de esta manera resolver un problema que se ha acentuado derivado a la gran actividad portuaria.
Y claro que tienes razón el senador Virgilio Amezcua respecto a solicitar más recursos ya que él está enterado a cabalidad sobre las múltiples necesidades que requiere no sólo el puerto, sino todo el estado de Colima, él fue alcalde del puerto, y la autoridad municipal es la que está más cercana a la población y por lo tanto conoce su necesidades, lo cual le permite proporcionar los servicios necesarios que mayor demanda la población.
Su propuesta de reforma no ha sido vista con buenos ojos por parte de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, el gobierno federal debería de adoptar posturas empática, ya que la aduana de Manzanillo al ser la segunda más importante del país, genera recursos económicos que mucha falta le hacen a la autoridad municipal y que de llevarse a cabo la propuesta de reforma, a la Ley de Coordinación Fiscal por parte del senador Virgilio Mendoza Amezcua, la administración municipal estará en condiciones de resolver en gran medida el congestionamiento vial y los grandes daños que genera el crecimiento portuario.
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
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