Por Manuel Olvera Sánchez
Durante décadas, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dirigió los destinos del país, predomino el totalitarismo, y cuando algunos actores políticos tuvieron el atrevimiento de desafiarlo y enfrentarlo de manera directa, lo mínimo a lo que fueron acreedores fue pisar la cárcel.
Un testimonio de lo anterior, lo es Joaquín Hernández Galicia, líder petrolero, quien abiertamente enfrentó al sistema político mexicano; vale recordar como en el año de 1988, decidió apoyar al Frente Democrático Nacional liderado por el ex priista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y peor aún, señalando que el sindicato que él representaba no iba a apoyar a un candidato asesino, refiriéndose en particular a Carlos Salinas de Gortari candidato a presidente de la República por el (PRI) en el año de 1988, situación que le valió para que los primeros días del gobierno Carlos Salinas de Gortari, fuera encarcelado y juzgado con 35 años de cárcel.
En su momento, el legislador federal de gran valía, y que hoy enriquecería de manera significativa el debate legislativo nacional, Porfirio Muñoz Ledo señaló en su momento que el totalitarismo político era un totalitarismo de muerte, lo anterior, ante las aplastantes votaciones que el Revolucionario Institucional en su momento imponía tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República.
En nuestro estado, este tipo de conductas no han sido la excepción, basta recordar a alcaldes de oposición y muy en particular del Partido Acción Nacional, que, en múltiples ocasiones, enfrentaron de manera directa al gobernante en turno, fueron señalados y estigmatizados en muchas de las ocasiones fabricándoles delitos con la única finalidad de dejarlos fuera de la competencia electoral y pagar a través venganzas políticas llevadas a cabo por el titular del poder ejecutivo en turno.
En estos días hemos sido testigos de cómo la expresidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez y la ex secretaria del Ayuntamiento hoy regidora Marta Zepeda Del Toro han sido vinculadas a proceso por la Fiscalía anticorrupción bajo el delito de peculado al llevar a cabo un quebranto financiero a las arcas municipales, lo anterior al destinar aproximadamente 30 millones de pesos modificando el presupuesto de egresos bajo el argumento de “bono de subsistencia” con la finalidad de entregarlo a los trabajadores, por lo que la autoridad encargada de sancionarlos, determinó que se habían violado disposiciones legales en materia del uso de recursos públicos, incluso invocando artículos que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos señala para este tipo de actos.
Vale recordar que ambas, tanto la expresidenta Griselda Martínez y la ex secretaria del Ayuntamiento, Marta Zepeda, Del Toro, en el pasado proceso electoral, compitieron por el partido político Movimiento Ciudadano, renunciando al partido morena que les abrió las puertas para participar en los dos anteriores procesos electorales del 2018 y 2021.
Es del dominio público que tanto la ex alcaldesa, como la ex secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, mantuvieron un enfrentamiento directo con la Gobernadora Constitucional del Estado, Indira Vizcaíno Silva, y peor aún con la hoy titular del poder ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ahora bien, eso es desde el punto de vista político por el cual se pudiera interpretar que se están adoptando posturas de venganza política para con ambas mujeres, sin embargo, no debemos dejar a un lado lo relacionado en el aspecto jurídico, ya que si bien es cierto el artículo 115 de constitucional les otorga autonomía a los ayuntamientos en el manejo de su hacienda pública, también es cierto que existen artículos como el 134 y 127 constitucional que señalan de manera puntual bajo qué criterios se deben manejar los recursos públicos en el ámbito municipal.
Indudablemente que con el correr de los años, la legislación local sobre el manejo de las finanzas públicas se ha ido adecuando ante muchos casos de abusos y muy en particular de alcaldes, ya que disponían de recursos públicos para asignarse un retiro ofensivo, mediante el cual llegaban a los excesos por los importes elevados y groseros para la sociedad.
Se tiene conocimiento que el ex tesorero municipal durante las dos administraciones de la ex alcaldesa Griselda Martínez, a escasos días de terminar la administración municipal y con los resultados electorales nada favorables para ambas mujeres, remitió al H. Cabildo un proyecto financiero con la finalidad de modificar el presupuesto de egresos y crear una partida presupuestal llamada “ subsistencia” con la finalidad de dar suficiencia y estar en condiciones de disponer de recursos públicos al fin de la administración pública municipal.
La alcaldesa ha enumerado, un mundo de acciones de gobierno llevadas a cabo durante sus dos administraciones públicas municipales, desde obra pública muy representativa para sus gobernados, hasta incrementar el patrimonio municipal del municipio, señalando que de 210 millones que lo recibió, al fin de su mandato importaba aproximadamente 1700 millones, todo lo anterior si bien son una realidad, también es cierto que nada de lo anterior señalado justifica que hayan aceptado la propuesta del tesorero municipal Eduardo Camarena para disponer de recursos públicos amparados bajo el argumento de “subsistencia” en el rubro de servicios personales.
Para muchos, el vincular a proceso a la expresidenta Griselda Martínez, y a la ex secretaria del Ayuntamiento hoy regidora, lo han interpretado como una venganza política por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, sin embargo, no debemos perder de vista que los 30 millones de pesos que el tesorero dispersó a trabajadores del Ayuntamiento de confianza incluyéndose él mismo, la ex alcaldesa, la ex secretaria del ayuntamiento, ex regidores, y ex funcionarios de primer nivel pudieron invertirse por la actual administración en múltiples obras o acciones de gobierno para los manzanillenses.
La ex alcaldesa como cabeza política y responsable de la administración municipal, debió estar consciente que el proyecto para disponer de recursos públicos surgido de la tesorería municipal, a todas luces era violatorio de múltiples disposiciones legales y peor aun independientemente de cómo lo hayan llamado y modificando el presupuesto de egresos en el fondo fue un bono de retiro que debe ser reintegrado las arcas municipales.
¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!
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